Los partidos, el campo y el agua: maíz, concesiones y consulta

Entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, el Congreso cambió cuatro reglas que pesan mucho en el campo mexicano. Llevó a la Constitución el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados; convirtió los precios de garantía de cinco alimentos básicos en una obligación del Estado; prohibió en la Constitución sembrar maíz transgénico, y aprobó una nueva Ley General de Aguas junto con una reforma de la Ley de Aguas Nacionales que impide vender por separado las concesiones de agua.

El tema «Agua, campo y pueblos indígenas» del test hace una pregunta sobre cada una de esas reglas. Aquí se explica qué dicen hoy la Constitución y las leyes, cómo votó cada bancada y qué propone cada partido. De las 32 posiciones, seis llevan asterisco (*): no hay una toma de postura del partido sobre ese punto, y la ubicamos a partir de sus documentos sobre temas cercanos. Los dos partidos con registro más reciente, SOMOS y PAZ (2026), aún no tienen votos en la Cámara y presentarán sus plataformas en enero de 2027; así que aquí se les sitúa, de forma provisional, con los documentos de su registro.

Las cuatro votaciones

Voto en lo general de cada bancada (Gaceta Parlamentaria); los totales incluyen a los diputados sin grupo. En la Ley General de Aguas hubo además cinco abstenciones: tres del PT, una de Morena y una de un diputado sin grupo.

Las dos reformas de 2024 salieron por unanimidad; las de 2025 dividieron a la Cámara de forma distinta: en el maíz, el PRI y Movimiento Ciudadano votaron con Morena, el PVEM y el PT, y solo el PAN se opuso; en el agua, los tres grupos de oposición votaron juntos en contra.

El maíz transgénico (AG01)

Qué dice la ley. Desde el 18 de marzo de 2025, el artículo 4o. de la Constitución dice que México es centro de origen y diversidad del maíz y que su cultivo en el territorio nacional «debe ser libre de modificaciones genéticas» obtenidas con técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción o la recombinación, «como las transgénicas». La prohibición se refiere a sembrarlo; los demás usos del maíz modificado deben evaluarse conforme a la ley para que no amenacen la bioseguridad, la salud ni el patrimonio biocultural del país. El artículo 27 añade que el Estado fomentará la milpa y las semillas nativas en una tierra sin maíz genéticamente modificado. El Congreso tenía 180 días para ajustar las leyes (DOF, 17 de marzo de 2025).

Quién está a favor de mantenerla. Cuatro partidos están muy de acuerdo, y los cuatro apoyaron la reforma. Morena ya lo había prometido en su plataforma de 2024, donde la oposición al maíz transgénico aparece como una lucha que continuar. El PT cuenta como un logro, en su plataforma, que se hayan prohibido los transgénicos y el glifosato. El PVEM votó la reforma sin ningún voto en contra en su grupo. El PRI la apoyó casi por completo (33 a 1), también en los artículos reservados.

Movimiento Ciudadano está de acuerdo, un punto menos: su grupo apoyó la reforma en lo general, pero rechazó los reservados por 0 a 23.

Quién está en contra. El PAN es el único partido muy en desacuerdo: sus 67 diputados presentes votaron en contra de la reforma.

En medio. El partido PAZ es neutral con una posición documentada: su programa de acción pide investigar la bioseguridad de los organismos genéticamente modificados y defiende la soberanía alimentaria, pero no se pronuncia ni por prohibirlos ni por permitirlos. SOMOS es neutral*: su programa de 2026 quiere conservar las variedades nativas y, a la vez, investigar variedades que resistan las plagas, sin nombrar el maíz transgénico.

Vender o heredar la concesión de agua (AG02)

Qué dice la ley. Las aguas son propiedad de la Nación, y los particulares solo pueden usarlas con una concesión que otorga el Ejecutivo federal (artículo 27 de la Constitución). Hasta 2025, la Ley de Aguas Nacionales permitía transmitir esos títulos entre particulares. El decreto del 11 de diciembre de 2025 expidió la Ley General de Aguas, que regula el derecho humano al agua, y reformó la Ley de Aguas Nacionales, que regula las concesiones. El artículo 22 reformado dice que los derechos de una concesión «no serán objeto de transmisión».

Eso no significa que el agua se pierda al vender o heredar la tierra. El nuevo artículo 37 Bis 1 ordena a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que, cuando se venda un predio con concesión, se fusione o divida una sociedad o se acrediten derechos de herencia, emita en un plazo de hasta 20 días hábiles un título nuevo a favor del nuevo dueño o del heredero, con el mismo volumen, el mismo uso y el tiempo que le quedaba al anterior. Lo que ya no se puede es vender el derecho al agua por separado: pasa con la tierra y a través de la autoridad. Ese procedimiento se aplica desde los 180 días posteriores a la publicación (DOF, 11 de diciembre de 2025).

Los diputados la votaron el 3 de diciembre de 2025, en medio de protestas de productores que, según la crónica de Expansión Política de ese día, pedían sobre todo quitar esa prohibición.

Quién quiere poder venderla o heredarla con la tierra. Muy de acuerdo están el PAN y el PRI, cuyos diputados rechazaron la ley. En esa crónica, un diputado del PAN reprochó en comisión que la ley no asegurara la transmisión de los derechos ni la herencia de los pozos, y el coordinador del PRI escribió en X que, con el artículo 22, los títulos no podrían venderse ni heredarse.

Quién no. Morena, el PVEM y el PT, cuyas bancadas aprobaron la ley (la del PT, por 40 a 3), están en desacuerdo. En la misma crónica, una diputada de Morena respondió que «continuarán las concesiones y la transmisión de derechos», por la vía del título nuevo. El PT, además, pide en su programa de acción frenar las privatizaciones del agua. Al PVEM lo sitúa su voto, posterior a su plataforma de 2024, que apuntaba al revés: un Banco Nacional del Agua para reasignar las concesiones.

En medio. Movimiento Ciudadano es neutral: votó en contra de la ley, pero su plataforma de 2024 critica que unos pocos acaparen el agua y pide revisar las concesiones. SOMOS y el partido PAZ son neutrales*: sus documentos defienden la propiedad, pero también un uso sostenible y vigilado del agua (el partido PAZ, además, quiere evitar que la tierra se concentre), y ninguno habla de vender concesiones.

La consulta a los pueblos indígenas (AG03)

Qué dice la ley. El artículo 2o. de la Constitución cambió el 30 de septiembre de 2024. Desde entonces reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como «sujetos de derecho público», con personalidad jurídica y patrimonio propios. Su nueva fracción XIII les da el derecho a ser consultados sobre las medidas legislativas o administrativas que puedan afectar de forma significativa su vida o su entorno, «con la finalidad de obtener su consentimiento o, en su caso, llegar a un acuerdo». Si la medida beneficia a un particular, este paga la consulta, y quien obtenga un lucro debe dar a las comunidades un beneficio justo (DOF, 30 de septiembre de 2024).

La Constitución no dice qué ocurre si la comunidad responde que no, y eso es justo lo que plantea el test. La reforma se aprobó sin votos en contra: 492 a 0.

Quién está de acuerdo. Nadie está en contra, y cinco partidos están de acuerdo:

• el PAN, que propone en su plataforma de 2024 una ley sobre el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo;
• el PRI, que en su plataforma promete garantizarles la consulta y el consentimiento previo, además del derecho a la tierra y al territorio;
• Movimiento Ciudadano, que quiere consultar con ellos todas las obras públicas y apoyar los proyectos de energía solo con la aceptación de las comunidades;
• SOMOS, cuyo programa pide una consulta previa para cualquier proyecto que afecte a comunidades indígenas y les reconoce el derecho a decidir sobre sus tierras;
• el PT, por otro camino: no menciona la consulta, pero exige reconocer los Acuerdos de San Andrés y defender el territorio de los pueblos originarios frente al saqueo.

Neutrales. El partido PAZ (neutral, documentado) quiere que las comunidades indígenas y campesinas tomen parte cuando se decide el uso de sus tierras, sin decir si su negativa debe detener una obra. Morena y el PVEM son neutrales*: la plataforma de Morena se compromete con la autonomía indígena y con que los pueblos conserven sus tierras, y también con ampliar las grandes obras; la del PVEM, con que las comunidades participen en administrar los recursos naturales. Ninguna dice qué pasa con un proyecto rechazado.

Los precios de garantía (AG04)

Qué dice la ley. Desde diciembre de 2024, tras la reforma constitucional «en materia de bienestar», el artículo 27 dice que el Estado «mantendrá precios de garantía para el maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable», en los términos de las disposiciones aplicables, y que entregará apoyos directos a los campesinos y pescadores de pequeña escala (DOF, 2 de diciembre de 2024). Pasó por unanimidad en lo general, 483 a 0; el PAN solo se opuso a los reservados.

En la práctica, el Estado compra los granos a los productores. En 2025 lo hacía Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) con su programa de precios de garantía. A finales de 2025, Segalmex estaba en proceso de fusión con la empresa estatal Alimentación para el Bienestar, que en 2026 paga a los productores de pequeña escala un «precio de acopio». Para 2026 es de 7,000 pesos por tonelada de maíz (hasta 5 hectáreas y 35 toneladas por ciclo), 8,000 pesos por tonelada de maíz nativo pigmentado y 27,000 pesos por tonelada de frijol (hasta 15 toneladas en ambos casos), según sus reglas de operación (DOF, 31 de diciembre de 2025).

Las posiciones. Es la afirmación con más acuerdo del tema: ningún partido quiere dejar el precio de los granos solo al mercado. SOMOS es el único muy en desacuerdo: en abril de 2026 calificó de «justas» las demandas de los productores que pedían al gobierno precios de garantía para los granos básicos.

Otros seis están en desacuerdo:

• Morena promete en su programa de acción reforzar el abasto de alimentos a precios razonables y que producir sea viable para el campesino;
• el PRI plantea, en el programa de acción aprobado en 2024, un nuevo mecanismo de precios agropecuarios, de ingreso objetivo y de apoyos a la comercialización;
• el PVEM quiere que la canasta básica esté siempre al alcance de una familia que gane medio salario mínimo;
• el PT incluye los precios justos al productor entre los logros que quiere conservar;
• Movimiento Ciudadano defiende precios justos que protejan sobre todo a los pequeños productores;
• el partido PAZ propone fondos que compensen las desventajas de quien vende granos básicos.

Ninguno de esos seis documentos nombra los precios de garantía. El PAN es neutral*: su doctrina es la economía social de mercado, pero en 2024 ofreció a los agricultores subsidios y mejores precios.

Las posiciones, en una tabla

Las fuentes de cada posición están enlazadas en las fichas (Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, Movimiento Ciudadano, SOMOS, PAZ) y en la página del tema.

Qué separa a los partidos

En la escala del test, de 1 a 5, el maíz transgénico es lo que más los aleja: la distancia media entre dos partidos cualesquiera es de 1.61 puntos, y entre el PAN y los cuatro muy de acuerdo hay la distancia máxima, 4 puntos. Le sigue el agua, con 1.39: es la única de las cuatro con varios partidos a cada lado, dos a favor y tres en contra. La consulta indígena (0.54) y los precios de garantía (0.50) apenas separan: en la primera nadie está en contra, y en la segunda nadie a favor. (Cálculos propios con las posiciones del test.)

Los bloques no se mantienen de una afirmación a otra. Entre Morena y el PVEM no hay ninguna diferencia, y el PT solo se aparta de ellos en la consulta indígena. El PRI, en cambio, va con ellos en el maíz y con el PAN en el agua; por eso el PAN y el PRI, juntos contra la ley de aguas, quedan a 4 puntos en el maíz (PAN vs PRI). La mayor distancia media en el tema es la del PAN con Morena y con el PVEM (2.25 puntos), seguida de la del PAN con el PT (2.00); véase Morena vs PAN o Morena vs PRI.

Movimiento Ciudadano queda en medio: votó con Morena, el PVEM y el PT en el maíz, y con el PAN y el PRI en el agua; su distancia media con el PT, SOMOS y el partido PAZ es de medio punto.

Las cuatro afirmaciones cuentan en el test completo, y dos de ellas (el maíz y el agua) también en el rápido; este tema no tiene preguntas de desempate. Puedes comparar tus respuestas con las suyas en el test político. La reforma de los precios de garantía se trata también en Los partidos y los programas sociales; las concesiones mineras y el agua, en Los partidos y la energía.