Los partidos y la energía: Pemex, CFE, fracking y renovables

En octubre de 2024, el Congreso cambió tres artículos de la Constitución para que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejaran de ser «empresas productivas del Estado» y pasaran a ser «empresas públicas del Estado». El cambio de nombre lleva consigo una regla: en la industria eléctrica, los particulares pueden participar en lo que diga la ley, pero «en ningún caso tendrán prevalencia» sobre la empresa pública. El petróleo y el gas del subsuelo siguen sin concesiones, y se extraen mediante asignaciones a las empresas públicas o contratos con ellas o con particulares (DOF, 31 de octubre de 2024).

En marzo de 2025 llegaron las leyes que desarrollan esa reforma: las de la CFE y de Pemex, la del Sector Eléctrico, la del Sector Hidrocarburos y la de Planeación y Transición Energética, entre otras. La del Sector Eléctrico pone una cifra a la «prevalencia»: el Estado debe mantener al menos el 54 % de la energía que se inyecta a la red en un año, y en los proyectos de inversión mixta la empresa pública debe tener al menos el 54 % (DOF, 18 de marzo de 2025).

Este análisis cuenta cómo votó cada partido esas dos reformas y qué defiende en las seis afirmaciones del tema «Energía y medio ambiente» del test. Las posiciones con asterisco (*) son estimadas: el partido no ha tomado postura sobre esa afirmación concreta, y la suya se infiere de lo que sí ha dicho sobre cuestiones próximas. Son 14 de 48, casi todas en el fracking, las centrales nucleares y la minería, temas que varios partidos no tratan en sus documentos. El partido SOMOS y el partido PAZ, con registro desde 2026, todavía no tienen diputados ni votaciones: lo que se dice de ellos sale de sus documentos básicos y es provisional, porque sus plataformas se registran en enero de 2027.

Las dos votaciones

Votaciones en lo general, según la Gaceta Parlamentaria; el total incluye a un diputado sin grupo, que votó a favor de ambas. Morena, el PT y el PVEM apoyaron las dos; el PAN y el PRI las rechazaron (salvo un diputado del PRI en 2024). Movimiento Ciudadano es el único grupo que cambió de sentido: se opuso a la reforma constitucional y respaldó en lo general sus leyes, aunque después rechazó los artículos reservados (0 a 20).

Pemex y la CFE frente a las empresas privadas

La primera afirmación del tema plantea si las empresas privadas tendrían que competir con Pemex y la CFE en las mismas condiciones. Las votaciones de arriba la explican casi entera.

Los tres grupos que votaron a favor están muy en desacuerdo: Morena, el PT y el PVEM. Además, Morena pide en su plataforma de 2024 consolidar a las dos empresas y reforzar en el sector energético «el papel del sector público», y el PT quiere que vuelvan al control del Estado los sectores estratégicos y el excedente energético.

El PAN está muy de acuerdo: rechazó ambas reformas, y su plataforma propone abrir la exploración y producción de hidrocarburos a la inversión privada, con una regulación que llama «justa y competitiva en el mercado». El PRI, que también votó en contra y reivindica la apertura del sector, está de acuerdo.

Movimiento Ciudadano queda en medio, neutral, y su doble voto lo refleja: rechazó la reforma de la Constitución, apoyó en lo general sus leyes, y su plataforma quiere que la electricidad dependa de la CFE pero con inversión privada y sin monopolios. SOMOS también es neutral: su programa de acción quiere que el Estado ejerza su «rectoría» sobre la producción y distribución de energía, y a la vez acuerdos público-privados en renovables y reglas de competencia. El partido PAZ (de acuerdo*) no habla de energía; su posición se deduce de que su declaración de principios defiende las libertades económicas y critica los monopolios públicos.

Fracking: una promesa, un estudio y una iniciativa

El fracking, o fractura hidráulica, consiste en inyectar a alta presión agua, arena y químicos para sacar gas y petróleo de rocas poco permeables. Ni la reforma constitucional de 2024 ni las leyes de 2025 la mencionan: no está prohibida por ley.

Es la afirmación en la que más cambió el contexto en 2026. La plataforma de Morena de 2024 se comprometía a seguir con «la política de no usar el fracking»; en 2026, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum mandó hacer un estudio y analiza pruebas piloto para extraer gas no convencional. Por eso la posición de Morena es neutral. El PT también lo es: su plataforma pide que la producción de gas natural crezca «muy significativamente», pero reconoce a la Tierra el derecho a no sufrir alteraciones, y no nombra el fracking.

Movimiento Ciudadano es el único partido con una posición documentada en contra, muy en desacuerdo: en abril de 2026, su coordinadora parlamentaria, Ivonne Ortega, llevó a la Cámara una iniciativa para añadir al artículo 27 de la Constitución que «se prohíbe la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos por medio de la fractura hidráulica» (Gaceta Parlamentaria, 29 de abril de 2026).

Las otras cinco posiciones son estimadas, porque ningún otro partido se ha pronunciado: el PAN, de acuerdo*, quiere más inversión privada en hidrocarburos y que el gas natural tenga prioridad en el sureste; el PVEM y SOMOS, en desacuerdo*, piden en sus documentos proteger el agua y el suelo; el PRI y el partido PAZ, neutrales*.

Centrales nucleares

México tiene una sola central nuclear, la de Laguna Verde, en Veracruz. Construir otras es una de las preguntas de desempate del test (solo se plantean si tu resultado deja a varios partidos casi empatados), y divide de forma poco habitual.

El PAN está muy de acuerdo: entre sus propuestas de 2024 están «dos nuevos reactores nucleares convencionales», la modernización de Laguna Verde y reactores pequeños y modulares. En el otro extremo, muy en desacuerdo, está el PVEM, aliado de Morena en casi todo lo demás: su programa de acción apuesta por la energía del viento, del sol y del agua, y descarta la nuclear «por peligrosa y contaminadora».

Morena está en desacuerdo: en octubre de 2024, la presidenta sostuvo que Laguna Verde «opera muy bien», aunque descartó «crecer con nuclear»; la apuesta de su gobierno son el gas y las renovables. El PT, también en desacuerdo, propone pasar a renovables, sin mencionar la nuclear, y quiere reconocer el derecho a vivir libre de «desechos tóxicos o radioactivos». El PRI, Movimiento Ciudadano, SOMOS y el partido PAZ no mencionan la energía nuclear en sus documentos: los cuatro son neutrales*.

Renovables antes que petróleo y gas

Aquí ningún partido se opone. El test pregunta si las renovables deben ir por delante del petróleo y el gas aunque al principio resulten más caras. La diferencia está entre quienes lo plantean sin condiciones y quienes lo combinan con más gas.

Están de acuerdo el PAN, que plantea una «Hoja de Ruta 2030» para descarbonizar la generación eléctrica y retirar poco a poco el carbón y el combustóleo, aunque apoya también el gas natural; el PRI, que quiere reducir la dependencia de los combustibles fósiles con solar y eólica; el PVEM, que lo pide desde su programa de acción; Movimiento Ciudadano, que propone un plazo para dejar los fósiles, con una transición planeada que evite costos excesivos; SOMOS, con subsidios a las renovables y metas «claras y ambiciosas»; y el partido PAZ, con incentivos fiscales a las empresas que usen energía limpia.

Morena y el PT quedan en neutral por la otra mitad de sus propuestas: para Morena, la transición energética es «una de las prioridades», igual que fortalecer a Pemex y la CFE, y el gobierno anunció que crecerá con centrales de gas además de renovables; el PT quiere dejar atrás una matriz «predominantemente fósil» y, a la vez, producir mucho más gas.

Que pague quien contamina

Solo dos afirmaciones de todo el test reúnen a los ocho partidos del mismo lado y con posición documentada, y esta es una de ellas: todos están de acuerdo con que quien contamina pague impuestos ambientales según el daño. Cambia el instrumento que propone cada uno.

El partido PAZ y el PVEM están muy de acuerdo. El partido PAZ propone en su programa de acción «un esquema progresivo de impuestos ambientales» sobre las actividades más contaminantes, con lo recaudado destinado al clima. El PVEM, unos Certificados de Aire Limpio con la regla de que «el que contamina, paga» y una bolsa de carbono obligatoria.

Los otros seis están de acuerdo. Movimiento Ciudadano y SOMOS hablan expresamente de «impuestos verdes», y SOMOS añade un mercado de carbono nacional. El PRI cita el llamado de la ONU a poner precio al carbono. El PAN pide que los costos ambientales se reflejen en el precio de los bienes. Morena propone cargas fiscales sobre los plásticos de un solo uso; el PT, perseguir por la vía penal y administrativa a quien contamine.

Minería: ¿más concesiones o ninguna?

La ley ya restringe mucho las concesiones. Desde la reforma de 2023 se otorgan por concurso y a 30 años, y están prohibidas en áreas naturales protegidas, donde haya riesgo para la población y en zonas sin agua disponible (DOF, 8 de mayo de 2023); la Constitución excluye además de toda concesión el litio y los minerales radiactivos. El test pregunta un paso más: si no debe darse ninguna concesión minera nueva.

Morena está muy de acuerdo. En 2024 prometió en su plataforma no otorgar nuevas licencias para explotaciones mineras, como ya hacía el gobierno de entonces; la excepción es el litio, en manos del Estado. El PT, de acuerdo, quiere que el Estado recupere el control del excedente minero y critica el modelo «extractivista», aunque no habla de las concesiones.

Movimiento Ciudadano y SOMOS son neutrales. La iniciativa de minería que la coordinadora de Movimiento Ciudadano presentó en abril de 2026 no prohíbe las concesiones en todo el país, sino que añade a las zonas vedadas aquellas donde haya «pérdida irreversible de la biodiversidad y los ecosistemas frágiles». SOMOS quiere prohibir los «territorios de sacrificio ambiental», aunque admite aprovechar los recursos naturales cuando eso beneficie a la nación y a las comunidades.

Las otras cuatro posiciones son estimadas: el PAN y el PRI (en desacuerdo*) tratan la minería como una actividad económica que debe seguir, y el PVEM y el partido PAZ (neutrales*) no hablan de concesiones.

Las posiciones, en una tabla

Las fuentes de cada posición documentada pueden consultarse en las fichas de partido y en la página «Energía y medio ambiente».

Lo que se ve en los datos

En la propiedad de la energía, el tema se ordena como las votaciones: Morena, el PT y el PVEM, por Pemex y la CFE; el PAN y el PRI, por abrir el sector; Movimiento Ciudadano y SOMOS, en medio. Pero los bloques no aguantan el resto del tema. El PVEM, que votó todo con Morena, es el partido más contrario a la energía nuclear y, junto con el partido PAZ, uno de los dos muy de acuerdo con cobrar a quien contamina. Movimiento Ciudadano, que apoyó en lo general las leyes de 2025, es el único con una propuesta para prohibir el fracking en la Constitución. Y Morena, que prometía no usarlo, es hoy el partido cuyo gobierno estudia hacerlo.

En lo ambiental, el acuerdo es más amplio de lo que sugieren las votaciones: nadie se opone a dar prioridad a las renovables ni a cobrar a quien contamina. Lo que separa a los partidos es cuánto petróleo y gas quieren mantener mientras tanto, y quién debe producirlos. Las seis afirmaciones están en el test: cinco en el test completo, una de ellas también en el rápido, y la de las centrales nucleares, en el desempate.